Cuando hablamos de controlar o limitar el gasto público pocas veces pensamos en la cantidad de personas que verán peligrar sus empleos. Y como siempre esos empleos que peligran serán los de autónomos y profesionales liberales que basan gran parte de sus ingresos en dar servicio a la administración pública. En especial los abogados y las farmacias son quien más están notando la falta de medio públicos.

En España están adscritos al turno de oficio unos 36.000 abogados, según el Consejo General de la Abogacía (CGAE). Lamentablemente algunos ya han tenido que acudir a pólizas de crédito ante la demora en los pagos de la Administración. Las retribuciones de los abogados de oficio se verán recortadas por la actual situación de contención del gasto público en los próximos meses. Prácticamente ningún abogado ha vivido del turno de oficio nunca pero complementaba su sueldo de manera constante pero la disminución de estos ingresos les afectará gravemente.

Además de los abogados otro de los colectivos gravemente afectados por la situación es el de los farmacéuticos. La obligación de dispensar genéricos o el medicamento con marca más barato, implantada por el Gobierno este mes, unido al retraso en el pago de facturas de las comunidades autónomas han llevado a los boticarios a una situación límite. El caso más extremo lo viven las farmacias de Castilla-La Mancha las cuales soportan una deuda de unos 125 millones de euros.

Los Colegios de Farmacéuticos han empezado a hacer cuentas y el de Tarragona calcula que la obligación de dispensar el producto más barato supondrá reducir un 20% las ventas, lo que supondrá ajustes de personal y suprimir urgencias nocturnas. Debemos recordar que los farmacéuticos trabajan con precios y márgenes fijados, por lo que no pueden repercutir costes financieros al cliente. Por lo tanto, las deudas de la Administración no hacen nada más que agravar el problema.

Fuente: CincoDías

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La Comisión Europea ha propuesto un Reglamento para crear una orden europea de embargo de cuentas que permitiría a los acreedores bloquear el importe debido en la cuenta bancaria del deudor. Así se podría impedir a los deudores retirar o liquidar sus activos durante el tiempo que se tarda en obtener y ejecutar una sentencia en cuanto al fondo. Con esta medida se aumentaría las perspectivas de cobrar las deudas transfronterizas y, de esta forma, se lograría aumentar las relaciones comerciales dentro del mercado único.

La propuesta forma parte del programa “Justicia para el crecimiento de la Comisión que trata de potencial es espacio común de justicia de la UE. La nueva orden permitiría a los acreedores bloquear fondos de las cuentas bancarias en idénticas condiciones en todos los Estados miembros. Pero para percibir efectivamente el dinero, el acreedor deberá obtener sentencia firme a su favor conforme a la legislación nacional o mediante un procedimiento europeo simplificado como el proceso europeo de escasa cuantía.Además la orden europea de embargo de cuentas se emitiría mediante un procedimiento unilateral, es decir, el deudor no tiene porque tener conocimiento de ellos.

Via: Euroalert.net 

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La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha publicado hoy un comunicado en el que valora muy positivamente la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa.

Este Real Decreto habilita la tan reclamada puesta en marcha de una línea de crédito del ICO, dotada con 3.400 millones de euros, que permitirá a los ayuntamientos el pago de las deudas que tienen contraídas con autónomos y empresas.

El procedimiento se estructura de la siguiente manera: las entidades locales deberán solicitar al ICO antes del 1 de diciembre del 2011. En caso de aprobarse, los entes locales podrán solicitar la deuda que tienen contraída con autónomos y empresas de menos de 250 trabajadores hasta un máximo del 25% del importe anual que cada municipio recibe del Estado, contemplándose un plazo de tres años para cancelar este crédito concedido.

“A pesar de que esta línea llega tarde y son más de 250.000 los autónomos y microempresas que se han visto obligados a cerrar por culpa de la morosidad va a ser un alivio en el vendaval económico en el que está inmersa nuestra economía ”. Reflexiona Lorenzo Amor, presidente de la  ATA .

“Desde ATA esperamos que el ICO habilite con carácter de urgencia esta línea y que priorice no sólo la antigüedad de las facturas sino que también se tenga en cuenta los pequeños importes dando preferencia al pago a los autónomos, dado que, por ejemplo, la liquidación de una factura de 50.000 euros a un autónomo le salva y le permite mantenerse mientras que ese efecto se ve más diluido en una empresa de mayores dimensiones”.

Como ya reclamó ATA, la deuda de las administraciones públicas con los autónomos se cifra en torno a los 13.300 millones de euros, de los que en torno al 80% es de los ayuntamientos. “Por ello, dado que esta línea únicamente va a estar dotada con 3.400 millones de euros, va a ser como un caramelo en la puerta de un colegio”. Señala su presidente.

Además la ATA pide a los ayuntamientos un ejercicio de responsabilidad y esperan que estas líneas de crédito sean utilizadas para hacer frente a las deudas pendientes de autónomos y pymes que son las que más están sufriendo con la morosidad de los entes municipales.

Fuente: ATA

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Según la Comisión Europea, pese a las promesas del Gobierno respecto a la supervisión financiera este no ha tomado medida alguna por aplicar la nueva legislación que obliga a los bancos a aumentar las reservas y controlar la remuneración de sus responsables. Las normas en cuestión entraron en vigor el 1 de enero de este año, nuestro país junto con Grecia, Portugal, Italia, Polonia y Eslovenia tiene obligación de informar al respecto en los próximos 2 meses.

Nuestro país ha recibido un informe motivado desde la Comisión para apremiarlos a que expongan una explicación satisfactoria al respecto. Si en dos meses no se aporta información suficiente o se está de acuerdo con las explicaciones, la Comisión puede decidir denunciarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE, que podría imponer multas tras una condena.

El Gobierno asegura que parte de la ley está trasladada al contenerse en la Ley de Economía Sostenible, que se aprobé el 4 de marzo,  y lo restante se incluirá en un Real Decreto que se encuentra en fase muy avanzada. La norma se basa en que el sueldo fijo de los trabajadores es parte suficientemente elevada y que el salario variable debe vincularse a los resultados a medio/largo plazo.

Fuente: El Mundo

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En teoría, la legislación vigente en España eliminó en julio de 2010 el concepto de “pacto en contrario”; es decir, la posibilidad de que dos empresas acuerden el plazo en que se abonan las facturas, siempre que no se considere “abusivo”. Una posibilidad que se había convertido algo normalmente aceptado por la mayoría de pymes, porque no pueden permitirse perder negocio.

Un estudio elaborado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad asegura que el plazo medio de cobro entre empresas durante 2010 fue de 93 días frente a los 101 del año anterior, lejos de los 80 que en teoría marca la nueva norma.

En el caso de los autónomos que trabajan con Administraciones Públicas, el plazo supera los 121 días de pago. Y en más del 20% de los casos tienen que esperar más de 360 días para cobrar.

El cambio legislativo no ha transformado demasiado la situación. Las presiones por impago continúan y los sectores más afectados por estos abusos son los más acostumbrados a imponer estos pactos: la construcción y la gran distribución.

Aunque, al menos, la nueva ley es más favorable a los denunciantes que la anterior. Con la reforma, si en un mes no hay contestación a la reclamación, se puede ir a los tribunales y solicitar como medida cautelar el pago de la deuda.

Antes, en caso de no cobrar, había que esperar casi un año desde que se hacía la reclamación hasta que se podía recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo. Luego, la sentencia tardaba de media otros dos años. Por último, otro año más para cobrar…

No obstante, según las cifras manejadas por Intrum Justitia, en 2011 seguirán creciendo los retrasos en los pagos y los impagos. Y es posible que unas 100.000 empresas cierren en 2011 por falta de liquidez.

Por eso no nos extraña que continúe la sucesión de manifestaciones y protestas del último año

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Según datos de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), desde que entró en vigor la Ley por la que se regula el acceso a las prestaciones por cese de actividad para los autónomos, el incremento de trabajadores que se acogen a esta nueva prestación de carácter voluntaria es “incesante”.

Así, desde finales del año 2010 se han dado de alta 66.000 nuevos cotizantes, y sólo en el mes de marzo ha ascendido el número en 19.272, llegando a los 633.708. Del total de cotizantes, 425.042 son hombres y 208.666 son mujeres y se encuentran concentrados en los tramos de edad de 30 a 54 años (430.000).

Asimismo, más del 6% de los que cotizan son inmigrantes autónomos, hasta llegar a los 40.421. El porcentaje más alto de cotizantes por comunidades autónomas se encuentra en Castilla la Mancha con un 26,97%, seguida de Andalucía con el 26,89%.

El Ministerio de Trabajo amplió el periodo voluntario para hacerlo con carácter excepcional hasta el próximo mes de junio, por lo que UPTA España espera que esta evolución continúe, en especial debido a la campaña informativa que viene realizando la organización con la Tesorería General de la Seguridad Social.

El aumento es “más significativo” teniendo en cuenta que el número de autónomos, debido a las dificultades económicas, ha disminuido en este periodo, por lo que la proporción de cotizantes es cada vez mayor con respecto al total de los afiliados.

Según el secretario general de UPTA España, Sebastián Reyna, este incremento “demuestra el interés del colectivo por las nuevas prestaciones y el adecuado diseño de las mismas, más aún en la medida que se acercan las fechas en las que se podrá acceder a sus beneficios”.

Fuente: Europa Press

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